::MERCASEVILLA.FONDO DE REPTILES.SAQUEO DEL ESTADO::

La realidad de los chorizos supera a la ficción.
Lugar
Junta de andalucia - Empresa pública Mercasevilla.
Protagonistas
Falsos prejubilados que están vinculados al PSOE.
Trama
Un fraude institucional.Mas de 183 personas han cobrado un ERE de forma ilegal, sin ni siquiera haber trabajado en la empresa.

Los altos cargos de la junta de andalucia lo llamaban "Fondo de reptiles"

La juez Mercedes Alaya no se ha creído nunca la versión oficial. No se la creyó cuando unos empresarios de hostelería denunciaron que los máximos dirigentes de la empresa pública Mercasevilla, con la connivencia de altos cargos de la Consejería de Empleo de la Junta, habían exigido el pago de una importante comisión a cambio de concederles una cuantiosa subvención para poner en marcha una escuela de hostelería.

Oficialmente, para el Ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, y para la Junta de Andalucía, con Griñán al frente, la cosa empezaba y terminaba en los participantes en aquella reunión. Ni siquiera el entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, que posteriormente sería imputado por la juez y se vería obligado a dimitir no sólo como delegado de la Junta sino de todos sus cargos orgánicos dentro del PSOE, tenía nada que ver en el intento de extorsión llevado a cabo, presuntamente, por el director gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, y su adjunto, Daniel Ponce.

La juez no se creyó aquella versión, y terminó abriendo hasta cuatro sumarios diferentes, todos relacionados con la investigación: el presunto cobro de comisiones ilegales, la venta fraudulenta de unos suelos que eran propiedad de Mercasevilla a una filial de la empresa Sando, un presunto delito societario en el seno de la empresa pública, y otro de irregularidades en la gestión de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presentados y ejecutados por el mercado central de abastos de Sevilla, que terminó por destapar uno de los escándalos de saqueo de las arcas públicas de mayor alcance de los conocidos hasta ahora en España, la concesión de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía para financiar ERE de empresas supuestamente en crisis en los que, oficialmente, hasta el momento, se han detectado hasta 183 casos irregulares.

Entre los 183 casos irregulares detectados hay circunstancias de dos tipos. Por un lado, están los 72 'intrusos' -personas que nada tenían que ver con las empresas en cuestión, que nunca habían trabajado para ellas y que en muchos casos estaban relacionados directamente o a través de familiares con cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- y, por otro, las personas que, habiendo trabajado en la empresa, no reunían todos los requisitos para acogerse a la prejubilación o incurrían en cualquier otra irregularidad de carácter administrativo.

La juez Alaya tampoco se cree la versión oficial de la Junta de Andalucía de que sólo hay estos 183 casos de irregularidades en los 68 expedientes de regulación de empleo analizados por la Junta de Andalucía. Y por este motivo ha llegado a pedir al Gobierno que José Antonio Griñán heredó de Manuel Chaves las actas de todas y cada una de las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en la última década. La Junta, que tanto ha alardeado de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de unas irregularidades que, oficialmente, las habían cometido "cuatro gatos", se ha negado a dar esta información a la juez y no renuncia a elevar un "conflicto de jurisdicción" ante el Tribunal Supremo.